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Clavijo busca cómo echar a los taxis de Santa Cruz de Los Rodeos
LA LAGUNA
El alcalde se siente "impotente" porque la Policía Local "no puede actuar" para poner fin a la situación. Pide al Gobierno canario y al Cabildo que intervengan
El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, da la razón a los taxistas de su municipio que han solicitado el fin de las prácticas de intrusismo de los vehículos con licencia de Santa Cruz que acuden a Los Rodeos a recoger pasajeros.
En contra de lo expuesto por la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi (UTAT) de la capital, que asegura que están en su derecho de hacerlo si llevan el permiso reglamentario, Clavijo aclara que "aunque la ley lo permite en ciertos supuestos, esas circunstancias no se dan en La Laguna". Por eso, exige al Cabildo de Tenerife y al Gobierno "que intervengan para prohibirlo definitivamente".
La posibilidad de que vehículos de distintos municipios puedan operar en aeropuertos y puertos está amparada por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1990 (ROTT). Esta norma es la que esgrimen precisamente los representantes de las agrupaciones de Santa Cruz. En cambio, el regidor puntualiza que "eso solo sería posible si el Ayuntamiento diera su consentimiento".
Fernando Clavijo reconoce que las competencias del Cabildo de Tenerife en materia de transportes le permitirían definir la terminal como zona estratégica. Con esta calificación, la parada de taxis de Los Rodeos dejaría de ser exclusiva para los coches de La Laguna. Esa decisión estaría justificada si la cantidad de vehículos disponibles no pudieran garantizar el servicio público que requiere el aeropuerto, un extremo que tanto el alcalde como el representante del sector en Aguere, Francisco Guanche, desmienten categóricamente.
Para Clavijo, esta interpretación de la ley en la que se amparan los taxistas de Santa Cruz "solo es comprensible para un aeropuertos como el de El Hierro o en un municipio pequeño de Fuerteventura o Lanzarote, donde hay 20 taxis, pero nosotros tenemos más de 300, con los que el servicio está garantizado".
Representantes de la corporación y de este sector del transporte público constituyeron hace un mes una comisión para buscar soluciones al intrusismo que, según los conductores de Aguere, ha mermado sus ingresos en un 40%.
A través de esta comisión, La Laguna ha solicitado a la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, y a su homólogo insular, Manuel Ortega, que pongan en marcha mecanismos legales para impedir que los vehículos de distintos municipios, no solo de Santa Cruz, puedan operar en Los Rodeos. "Estamos a la espera de su respuesta y confiamos en resolverlo antes de fin de año", señaló el alcalde.
Mientras tanto, los vehículos de otras localidades siguen acudiendo a diario a la terminal a recoger clientes. "Ellos captan a los pasajeros cuando vienen a dejarlos. Les dejan una tarjeta y cuando vuelven los llaman para que vengan a recogerlos", explica el conductor Gregorio Suárez. "Hay coches que suben cuatro y cinco veces por día de la capital. Y nosotros no podemos hacer nada", se queja.
En medio de este clima de tensión entre los chofer chicharreros y laguneros, en el gobierno de Aguere reconocen su impotencia para poner fin a la situación, ya que ni siquiera la Policía Local puede actuar aunque detecte casos de intrusismo, porque los conductores alegan que están realizando servicios hacia su municipio contratados con antelación.
"Es muy complicado porque los coches que vienen de Santa Cruz no se plantan en la cola de la parada. Lo hacen de otra manera. Y tampoco la Policía puede ponerse a controlar si el servicio que hacen vuelve al municipio de procedencia, como exigen las normas. Y aunque lo hiciéramos, los agentes no tienen capacidad para actuar en municipios limítrofes", dice Clavijo.
En la parada del aeropuerto trabajan los 361 vehículos laguneros repartidos en turnos semanales. Además del mostrador de atención al cliente que tienen en la terminal, los coches se coordinan con un sistema de gestión de flota.
"En esta terminal nunca hemos dejado viajeros sin atender", deja claro Gregorio Suárez, para añadir: "Ni siquiera en jornadas de altísima demanda, como las de la huelga de controladores. Y lo logramos gracias al sistema de comunicación, que lo financiamos con mucho esfuerzo. No pedimos indemnizaciones con el dinero de los vecinos. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar", concluyó Suárez.
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En contra de lo expuesto por la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi (UTAT) de la capital, que asegura que están en su derecho de hacerlo si llevan el permiso reglamentario, Clavijo aclara que "aunque la ley lo permite en ciertos supuestos, esas circunstancias no se dan en La Laguna". Por eso, exige al Cabildo de Tenerife y al Gobierno "que intervengan para prohibirlo definitivamente".
La posibilidad de que vehículos de distintos municipios puedan operar en aeropuertos y puertos está amparada por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1990 (ROTT). Esta norma es la que esgrimen precisamente los representantes de las agrupaciones de Santa Cruz. En cambio, el regidor puntualiza que "eso solo sería posible si el Ayuntamiento diera su consentimiento".
Fernando Clavijo reconoce que las competencias del Cabildo de Tenerife en materia de transportes le permitirían definir la terminal como zona estratégica. Con esta calificación, la parada de taxis de Los Rodeos dejaría de ser exclusiva para los coches de La Laguna. Esa decisión estaría justificada si la cantidad de vehículos disponibles no pudieran garantizar el servicio público que requiere el aeropuerto, un extremo que tanto el alcalde como el representante del sector en Aguere, Francisco Guanche, desmienten categóricamente.
Para Clavijo, esta interpretación de la ley en la que se amparan los taxistas de Santa Cruz "solo es comprensible para un aeropuertos como el de El Hierro o en un municipio pequeño de Fuerteventura o Lanzarote, donde hay 20 taxis, pero nosotros tenemos más de 300, con los que el servicio está garantizado".
Representantes de la corporación y de este sector del transporte público constituyeron hace un mes una comisión para buscar soluciones al intrusismo que, según los conductores de Aguere, ha mermado sus ingresos en un 40%.
A través de esta comisión, La Laguna ha solicitado a la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, y a su homólogo insular, Manuel Ortega, que pongan en marcha mecanismos legales para impedir que los vehículos de distintos municipios, no solo de Santa Cruz, puedan operar en Los Rodeos. "Estamos a la espera de su respuesta y confiamos en resolverlo antes de fin de año", señaló el alcalde.
Mientras tanto, los vehículos de otras localidades siguen acudiendo a diario a la terminal a recoger clientes. "Ellos captan a los pasajeros cuando vienen a dejarlos. Les dejan una tarjeta y cuando vuelven los llaman para que vengan a recogerlos", explica el conductor Gregorio Suárez. "Hay coches que suben cuatro y cinco veces por día de la capital. Y nosotros no podemos hacer nada", se queja.
En medio de este clima de tensión entre los chofer chicharreros y laguneros, en el gobierno de Aguere reconocen su impotencia para poner fin a la situación, ya que ni siquiera la Policía Local puede actuar aunque detecte casos de intrusismo, porque los conductores alegan que están realizando servicios hacia su municipio contratados con antelación.
"Es muy complicado porque los coches que vienen de Santa Cruz no se plantan en la cola de la parada. Lo hacen de otra manera. Y tampoco la Policía puede ponerse a controlar si el servicio que hacen vuelve al municipio de procedencia, como exigen las normas. Y aunque lo hiciéramos, los agentes no tienen capacidad para actuar en municipios limítrofes", dice Clavijo.
En la parada del aeropuerto trabajan los 361 vehículos laguneros repartidos en turnos semanales. Además del mostrador de atención al cliente que tienen en la terminal, los coches se coordinan con un sistema de gestión de flota.
"En esta terminal nunca hemos dejado viajeros sin atender", deja claro Gregorio Suárez, para añadir: "Ni siquiera en jornadas de altísima demanda, como las de la huelga de controladores. Y lo logramos gracias al sistema de comunicación, que lo financiamos con mucho esfuerzo. No pedimos indemnizaciones con el dinero de los vecinos. Lo único que queremos es que nos dejen trabajar", concluyó Suárez.
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