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JUAN GERARDO RODRÍGUEZ MARTÍN Tfno. despacho: 922.24.61.40
Abogado Tfno. de contacto: 630.111.959
C/. San Francisco Javier, 27, bajo. Fax. 922.20.07.85
38002 – Santa Cruz de Tenerife gerardoabogado@yahoo.es
A la atención de Don MIGUEL ARIZA:
Estimado Sr.:
Desarrollando por escrito la consulta que previamente mantuvimos en mi despacho profesional, tal y como acordamos, paso a emitir el INFORME requerido:
Considero que cualquier negociación con una o varias Administraciones Públicas, para reivindicar las necesidades del sector del taxi debe realizarse desde la unidad de dicho sector, puesto que la división siempre es el mayor problema en estos casos.
Por ello, las Asociaciones del Taxi en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, deberían federarse, y que fuera la Junta Directiva de la Federación, representada por su Presidente, la que negociara única y exclusivamente. En ese caso, la capacidad para influir y presionar acerca de las reivindicaciones del sector del taxi en S/C se vería incrementada notablemente, como ya ocurre en otros sectores como el de la construcción, comercio, etc.
En cualquier caso, tanto si se avanza en el sentido referido como si no, cualquier negociación debe plantearse desde unos acuerdos mínimos en el que todas las Asociaciones estén de acuerdo, como por ej.: la necesidad de rescate de licencias por parte del Ayuntamiento de S/C de Tenerife y la indemnización por tal concepto. Se habla de entre 500 y 540 demás circulando (de las 1.086 actuales), para llegar al ratio establecido de 2,5 taxis por cada mil habitantes.
Parece que al menos se camina en esa dirección, según la información aparecida en prensa.
No obstante, hay que tener claro que la única Administración responsable legalmente de la situación actual es el Ayuntamiento de Santa Cruz, que es el que debe resolver el problema mediante el rescate del exceso de licencias y abono de las indemnizaciones correspondientes. Cuestión distinta es que la Corporación local, para sufragar esas indemnizaciones recabe la implicación económica de otras Administraciones como Cabildo Insular y Gobierno de Canarias, o que alegue no disponer de fondos para tal fin.
Por la información que me facilitó en la reunión mantenida en mi despacho, ninguna de las Asociaciones representativas del sector del taxi en el municipio de S/C ha accionado legalmente para obtener una Sentencia judicial que, de una parte, obligue al Ayuntamiento al rescate de las licencias otorgadas en exceso (para ello hay que partir de documentación técnica –informes o estudios previos- que así lo acrediten), y de otra le condene al pago de las indemnizaciones correspondientes. Sentencia judicial que poder ejecutar si la negociación no fructifica o no camina en la dirección que quiere el sector.
No es lo mismo, que la negociación se bloquee o quede en un punto muerto, o incluso que se incumplan compromisos adquiridos, y que el sector tenga que plantearse entonces recurrir a los Tribunales (que es una alternativa que lleva su tiempo para obtener resultados), que disponer a medio plazo de un título judicial que poder ejecutar en ese supuesto. En mi criterio, las acciones legales y la negociación política han de ir de la mano, y llevarse en paralelo. Por lo que se a través de los medios de comunicación, las Asociaciones que representan al sector se han volcado únicamente en la primera opción y han omitido la segunda.
Tal y como comentaba, la reclamación debe dirigirse al Ayuntamiento de S/C (Servicios Públicos) como responsable de la situación, apoyada por los informes o estudios referidos, y cuantificar aproximadamente el cuantum indemnizatorio de las licencias que deben ser rescatadas (entre 500 y 504).
Si el Ayuntamiento resuelve expresamente desestimando la reclamación, se dispondrá de un plazo de 2 meses para acudir a la vía judicial e interponer Recurso Contencioso-Administrativo.
Si no resuelve (opción más probable), incurrirá en silencio administrativo, y habrá que accionar en vía judicial en el plazo de 6 meses desde que transcurra el plazo legal para resolver.
En ambos supuestos, la controversia será resuelta por los Tribunales.
La opción que plantea actualmente el Alcalde de S/C de que sea el sector el que sufrague el rescate de las licencias a través de un préstamo avalado por CAJA CANARIAS, tiene a mi juicio trampa, de una parte, porque el sector estaría asumiendo una obligación que le corresponde a la Administración Pública, lo que, jurídicamente, sentaría un precedente que podría ser invocado posteriormente por los juristas de la Corporación cuando les interese (lo que se denomina doctrina de los actos propios), con el riesgo añadido además de que el citado préstamo hay que devolverlo (¿qué pasaría en el supuesto de que debido a la crisis por la que atraviesa el sector, haya un número significativo de taxistas que no puedan, por la razón que sea, amortizar el pago de las cuotas mensuales?). Y lo que es todavía más evidente, ¿Por qué no solicita el préstamo la propia Corporación a CAJA CANARIAS y paga las indemnizaciones?. La respuesta es que les impediría endeudarse con créditos o préstamos para otras operaciones, que la Corporación considera prioritarias, máxime cuando por prohibición estatal no van a poder solicitar créditos en 2.011. De otra parte, únicamente se plantea financiar a través del préstamo al sector el rescate de 180 licencias en un año, reduciendo el exceso, ¿y qué pasará con las 360 restantes?, ¿Tendrá que solicitar posteriormente el sector otro préstamo para sufragar una obligación municipal, o, en su caso, se pretende sufragar con la participación de las Administraciones Públicas?.
A través de los medios de comunicación se trata el tema de la participación de otras Administraciones Públicas como el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Este último parece desmarcarse aduciendo que está reestructurando sus presupuestos, debiendo recortar 112 millones para reducir el déficit. Y respecto al Cabildo, se plantea una aportación de entre 400.000 y 700.000 €, pero también con trampa, ya que se condiciona a que el problema se enfoque desde una perspectiva metropolitana, mediante la aprobación de un plan de regulación de oferta que contenga una batería de medidas, entre las que se contempla el rescate de licencias a definir (¡¡¡Ojo!!!), pero junto a otras iniciativas como el día de descanso, las zonas de prestación conjunta en puertos, aeropuertos y hospitales o la regulación de la frontera intermunicipal mediante el establecimiento de una tarifa metropolitana, evitando la disparidad de tarifas actual, lo que conducirá el tema a un callejón sin salida porque no habrá acuerdo en el sector, máxime si implicamos a otro municipio, y eso lo sabe el Cabildo Insular cuando hace la propuesta, porque lleva años intentándolo por propia iniciativa sin conseguir avances, y por eso digo que en mi opinión tiene trampa.
Y yo me hago además una pregunta final: ¿cuál es la participación económica del Ayuntamiento para que los profesionales del sector tengan que pagar lo menos posible, teniendo en cuenta que es el responsable directo de la situación actual y el que está obligado legalmente a resolver el problema?. De ese tema ni se habla en los medios de comunicación.
En definitiva, mi recomendación una vez más es que acciones legales y negociación política han de caminar de la mano, en paralelo, como garantía para el sector del taxi en S/C, y como herramienta de presión política.
En cuanto a los costes del procedimiento, éste tiene dos fases como ya le he explicado. Una primera en vía administrativa y una segunda en vía judicial con toda probabilidad.
El cálculo de honorarios depende directamente del número de taxistas que tomen parte y del cuantum indemnizatorio a reclamar al Ayuntamiento de S/C, según los criterios de honorarios profesionales aprobados por el Colegio de Abogados, por lo que ahora mismo me es imposible presupuestar.
En casos similares, lo que suelo hacer es acordar con el cliente/s una provisión de fondos inicial, y una vez quede determinado el número de profesionales del taxi que suscribirán la reclamación y el cuantum indemnizatorio a reclamar, pasaría el presupuesto correspondiente, deduciendo, lógicamente, la provisión de fondos inicial.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Juan Gerardo Rodríguez Martín,
Colegiado nº 2.333.
Abogado Tfno. de contacto: 630.111.959
C/. San Francisco Javier, 27, bajo. Fax. 922.20.07.85
38002 – Santa Cruz de Tenerife gerardoabogado@yahoo.es
Santa Cruz de Tenerife, a 07 de Junio de 2.010.
A la atención de Don MIGUEL ARIZA:
Estimado Sr.:
Desarrollando por escrito la consulta que previamente mantuvimos en mi despacho profesional, tal y como acordamos, paso a emitir el INFORME requerido:
Considero que cualquier negociación con una o varias Administraciones Públicas, para reivindicar las necesidades del sector del taxi debe realizarse desde la unidad de dicho sector, puesto que la división siempre es el mayor problema en estos casos.
Por ello, las Asociaciones del Taxi en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, deberían federarse, y que fuera la Junta Directiva de la Federación, representada por su Presidente, la que negociara única y exclusivamente. En ese caso, la capacidad para influir y presionar acerca de las reivindicaciones del sector del taxi en S/C se vería incrementada notablemente, como ya ocurre en otros sectores como el de la construcción, comercio, etc.
En cualquier caso, tanto si se avanza en el sentido referido como si no, cualquier negociación debe plantearse desde unos acuerdos mínimos en el que todas las Asociaciones estén de acuerdo, como por ej.: la necesidad de rescate de licencias por parte del Ayuntamiento de S/C de Tenerife y la indemnización por tal concepto. Se habla de entre 500 y 540 demás circulando (de las 1.086 actuales), para llegar al ratio establecido de 2,5 taxis por cada mil habitantes.
Parece que al menos se camina en esa dirección, según la información aparecida en prensa.
No obstante, hay que tener claro que la única Administración responsable legalmente de la situación actual es el Ayuntamiento de Santa Cruz, que es el que debe resolver el problema mediante el rescate del exceso de licencias y abono de las indemnizaciones correspondientes. Cuestión distinta es que la Corporación local, para sufragar esas indemnizaciones recabe la implicación económica de otras Administraciones como Cabildo Insular y Gobierno de Canarias, o que alegue no disponer de fondos para tal fin.
Por la información que me facilitó en la reunión mantenida en mi despacho, ninguna de las Asociaciones representativas del sector del taxi en el municipio de S/C ha accionado legalmente para obtener una Sentencia judicial que, de una parte, obligue al Ayuntamiento al rescate de las licencias otorgadas en exceso (para ello hay que partir de documentación técnica –informes o estudios previos- que así lo acrediten), y de otra le condene al pago de las indemnizaciones correspondientes. Sentencia judicial que poder ejecutar si la negociación no fructifica o no camina en la dirección que quiere el sector.
No es lo mismo, que la negociación se bloquee o quede en un punto muerto, o incluso que se incumplan compromisos adquiridos, y que el sector tenga que plantearse entonces recurrir a los Tribunales (que es una alternativa que lleva su tiempo para obtener resultados), que disponer a medio plazo de un título judicial que poder ejecutar en ese supuesto. En mi criterio, las acciones legales y la negociación política han de ir de la mano, y llevarse en paralelo. Por lo que se a través de los medios de comunicación, las Asociaciones que representan al sector se han volcado únicamente en la primera opción y han omitido la segunda.
Tal y como comentaba, la reclamación debe dirigirse al Ayuntamiento de S/C (Servicios Públicos) como responsable de la situación, apoyada por los informes o estudios referidos, y cuantificar aproximadamente el cuantum indemnizatorio de las licencias que deben ser rescatadas (entre 500 y 504).
Si el Ayuntamiento resuelve expresamente desestimando la reclamación, se dispondrá de un plazo de 2 meses para acudir a la vía judicial e interponer Recurso Contencioso-Administrativo.
Si no resuelve (opción más probable), incurrirá en silencio administrativo, y habrá que accionar en vía judicial en el plazo de 6 meses desde que transcurra el plazo legal para resolver.
En ambos supuestos, la controversia será resuelta por los Tribunales.
La opción que plantea actualmente el Alcalde de S/C de que sea el sector el que sufrague el rescate de las licencias a través de un préstamo avalado por CAJA CANARIAS, tiene a mi juicio trampa, de una parte, porque el sector estaría asumiendo una obligación que le corresponde a la Administración Pública, lo que, jurídicamente, sentaría un precedente que podría ser invocado posteriormente por los juristas de la Corporación cuando les interese (lo que se denomina doctrina de los actos propios), con el riesgo añadido además de que el citado préstamo hay que devolverlo (¿qué pasaría en el supuesto de que debido a la crisis por la que atraviesa el sector, haya un número significativo de taxistas que no puedan, por la razón que sea, amortizar el pago de las cuotas mensuales?). Y lo que es todavía más evidente, ¿Por qué no solicita el préstamo la propia Corporación a CAJA CANARIAS y paga las indemnizaciones?. La respuesta es que les impediría endeudarse con créditos o préstamos para otras operaciones, que la Corporación considera prioritarias, máxime cuando por prohibición estatal no van a poder solicitar créditos en 2.011. De otra parte, únicamente se plantea financiar a través del préstamo al sector el rescate de 180 licencias en un año, reduciendo el exceso, ¿y qué pasará con las 360 restantes?, ¿Tendrá que solicitar posteriormente el sector otro préstamo para sufragar una obligación municipal, o, en su caso, se pretende sufragar con la participación de las Administraciones Públicas?.
A través de los medios de comunicación se trata el tema de la participación de otras Administraciones Públicas como el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Este último parece desmarcarse aduciendo que está reestructurando sus presupuestos, debiendo recortar 112 millones para reducir el déficit. Y respecto al Cabildo, se plantea una aportación de entre 400.000 y 700.000 €, pero también con trampa, ya que se condiciona a que el problema se enfoque desde una perspectiva metropolitana, mediante la aprobación de un plan de regulación de oferta que contenga una batería de medidas, entre las que se contempla el rescate de licencias a definir (¡¡¡Ojo!!!), pero junto a otras iniciativas como el día de descanso, las zonas de prestación conjunta en puertos, aeropuertos y hospitales o la regulación de la frontera intermunicipal mediante el establecimiento de una tarifa metropolitana, evitando la disparidad de tarifas actual, lo que conducirá el tema a un callejón sin salida porque no habrá acuerdo en el sector, máxime si implicamos a otro municipio, y eso lo sabe el Cabildo Insular cuando hace la propuesta, porque lleva años intentándolo por propia iniciativa sin conseguir avances, y por eso digo que en mi opinión tiene trampa.
Y yo me hago además una pregunta final: ¿cuál es la participación económica del Ayuntamiento para que los profesionales del sector tengan que pagar lo menos posible, teniendo en cuenta que es el responsable directo de la situación actual y el que está obligado legalmente a resolver el problema?. De ese tema ni se habla en los medios de comunicación.
En definitiva, mi recomendación una vez más es que acciones legales y negociación política han de caminar de la mano, en paralelo, como garantía para el sector del taxi en S/C, y como herramienta de presión política.
En cuanto a los costes del procedimiento, éste tiene dos fases como ya le he explicado. Una primera en vía administrativa y una segunda en vía judicial con toda probabilidad.
El cálculo de honorarios depende directamente del número de taxistas que tomen parte y del cuantum indemnizatorio a reclamar al Ayuntamiento de S/C, según los criterios de honorarios profesionales aprobados por el Colegio de Abogados, por lo que ahora mismo me es imposible presupuestar.
En casos similares, lo que suelo hacer es acordar con el cliente/s una provisión de fondos inicial, y una vez quede determinado el número de profesionales del taxi que suscribirán la reclamación y el cuantum indemnizatorio a reclamar, pasaría el presupuesto correspondiente, deduciendo, lógicamente, la provisión de fondos inicial.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Juan Gerardo Rodríguez Martín,
Colegiado nº 2.333.