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| Camps frena la Ley de Movilidad para no chocar con los taxistas en plena campaña | |
<TABLE width="98%" align=center bgColor=#ffe8c9 border=0> <TR> <td>   Protesta de taxistas ante la Conselleria de Infraestructuras. E. r. VALENCIA <LI>Presidencia evita el pleno que además preveía aprobar la ley de custodia compartida y la de bomberos. JULIA RUIZ VALENCIA Encarar una campaña electoral con el grueso de los representantes del sector del transporte en armas, especialmente el que encabeza los taxistas, no es el mejor escenario para el PP por buenas que sean sus perspectivas electorales. Si además el conflicto puede desactivarse, al menos hasta pasadas las elecciones, la decisión es de sentido común. La polémica Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana, que se tramitaba en las Corts por urgencia y que tenía en contra a todos los sectores que pretendía regular (transporte por carretera, taxistas, ferroviarios y usuarios de la bici) no verá la luz esta legislatura. Presidencia de la Generalitat confirmó ayer que el pleno escoba que el Parlamento planeaba convocar la última semana de marzo para aprobar las tres leyes que quedan pendientes (además de la movilidad, las leyes de bomberos y custodia compartida) no se celebrará. Aunque formalmente el pleno estaba fijado, las tres citadas leyes seguían su trámite y precisamente el lunes culminaba el procedimiento de la norma sobre movilidad con el debate de las enmiendas en comisión. Sólo quedaba el trámite del pleno. La ley relativa a la custodia compartida, que ha generado una cierta controversia interna en el PP, cerró ayer mismo su tramitación con la votación de la enmiendas; mientras que la de bomberos, consensuada y muy esperada por el sector, estaba lista para su votación. La decisión confirmada ayer desde el Consell de que no habrá pleno sorprendió a muchos diputados e incluso a varios miembros del Ejecutivo valenciano. Aunque hasta la fecha la incertidumbre sobre la celebración del pleno escoba había girado en torno a las dudas jurídicas que existen con la ley de custodia compartida (la dirección del Menor de la Conselleria de Justicia emitió un informe contrario a la norma al entender que tal y como estaba planteada perjudicaba a los hijos), lo que realmente ha pesado, según fuentes del Ejecutivo, es el temor a que el conflicto con el sector de transportes, especialmente, los taxistas estalle a las puertas de la campaña electoral. Aunque en principio el departamento que dirige Mario Flores había frenado las movilizaciones que el sector estaba preparando para presionar en contra de esta ley, la mecha seguía prendida. Las asociaciones afectadas acusan a la Generalitat de haber elaborado la ley sin escuchar al sector y se preguntaban los motivos de la urgencia de sacar adelante un proyecto que incluso cuenta con un informe contrario del Tribunal de la Competencia. La decisión, tomada desde el Palau de la Generalitat, permite calmar los ánimos de un colectivo que los populares consideran en gran parte cercanos a su ideario. Esta ley, al igual que las otras dos pendientes, decaerán cuando se disuelvan las Corts; lo que supone que volverán al Ejecutivo que tendrá que aprobarlas de nuevo y remitirlas a las Corts donde el trámite comenzará de cero. El Consell, si así lo considera oportuno, podría introducir cambios en las leyes más conflictivas y, en el caso, de la Ley de Movilidad buscar un consenso que ahora mismo no existe. Respecto a la ley que prima la custodia compartida cuando los padres se separan y no hay acuerdo, el frenazo supone un revés para el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que había apostado firmemente porque esta norma, que desarrolla el derecho foral al amparo del nuevo Estatuto, viera la luz esta legislatura. Era además un compromiso electoral del presidente Camps en 2007. Fuentes de Presidencia aseguraron ayer que la voluntad del jefe del Consell es sacar adelante esta norma al inicio de la nueva legislatura, aunque admiten que, dada la complejidad jurídica de la misma y sus repercusiones en la vida diaria de las personas, podrá sufrir algunos retoques. Las mismas fuentes mantuvieron que el debate que preocupa es el jurídico y no el ideológico sobre el supuesto enfrentamiento del sector cristiano a esta norma. Las otras víctimas del frenazo al pleno escoba son los bomberos. La ley que también impulsó Castellano había logrado calmar los ánimos de un colectivo muy crítico con el Ejecutivo. Desde el Consell se quiso ayer tranquilizar a los bomberos al afimar que su ley será la primera en aprobarse tras el 22-M. Levante-emv.com </LI></TD></TR></TABLE> | |
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